Esta multinacional, que también se identifica con agentes de guerra
química, con innumerables insecticidas y venenos caseros y con “medicamentos”
como la heroína -un temprano patentamiento de Bayer antes de comprobar lo que
causaría-, ha trabajado en muchas oportunidades estrechamente con dictadores y
criminales de guerra, desde Hitler en adelante. Uno de sus directores, Carl
Duisberg, ya se había encargado personalmente de propagar el concepto de
“trabajos forzados” durante la Primera Guerra Mundial, idea que posteriormente
fue aplicada con mucha más dedicación por los nazis, al someter a esos trabajos
forzados a prisioneros de guerra, habitantes de los países ocupados y
trabajadores extranjeros. Esto a su vez derivó hacia los asesinatos masivos,
muchos de ellos en el campo de concentración cuyos terrenos eran propiedad de
la IG Farben y del que se guarda un lamentable recuerdo: Auschwitz. Pero la
compañía no sólo colaboró con esos terrenos. También fabricó el gas Zyclon B,
utilizado para exterminar judíos en ése y otros campos de concentración.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la IG Farben se fragmentó en las empresas
Bayer, BASF y Hoechst, pero ninguna de las tres indemnizó adecuadamente a las
víctimas, sobrevivientes o familiares.
Cuando moría el siglo XX y tras una investigación de nueve meses, Bayer fue hallada responsable de la muerte de 24 niños en la remota aldea andina de Taucamarca, en Perú, al ingerir en su desayuno alimentos envenenados con el pesticida metil-paratión, en tanto otros 18 sufrieron daños en su salud y en el desarrollo a largo plazo. El pesticida, un organofosforado que era comercializado por la compañía con el nombre de Folidol, era vendido a pequeños agricultores en toda la zona andina peruana, la mayoría de ellos analfabetos y que solamente hablan en idioma quechua. Bayer empaquetaba ese pesticida –un polvo blanco semejante a la leche en polvo y sin olor a químicos- en pequeñas bolsas plásticas, etiquetadas en español y con el dibujo de un vegetal, en tanto las etiquetas no ofrecían ninguna información de seguridad, ni siquiera en pictogramas, que pudieran ser interpretadas por los habitantes de las aldeas.
Un informe del Congreso peruano concluyó en que Bayer debería compensar a las familias afectadas, y éstas iniciaron en octubre de 2001 una acción judicial contra la empresa y su subsidiaria Bayer-Perú, alegando que debieron tomar medidas para prevenir el mal uso de un producto extremadamente tóxico dada la preeminencia de idiomas indígenas en el interior de Perú. Sin embargo, dos días después de iniciada la acción legal el juez de la Corte Superior de Lima desestimó la demanda por “cuestiones de procedimiento” y concluyó sumariamente, e ilegalmente, que los demandantes “no habían planteado de manera adecuada el caso sustancial”. Según las leyes peruanas, en la fase inicial del litigio el juez sólo puede determinar si los documentos de la demanda están completos o no, pero no puede pronunciarse sobre cuestiones legales sustanciales. Otra muestra del poder de una multinacional, en este caso quizás presionando o comprando a un juez.
Cuando moría el siglo XX y tras una investigación de nueve meses, Bayer fue hallada responsable de la muerte de 24 niños en la remota aldea andina de Taucamarca, en Perú, al ingerir en su desayuno alimentos envenenados con el pesticida metil-paratión, en tanto otros 18 sufrieron daños en su salud y en el desarrollo a largo plazo. El pesticida, un organofosforado que era comercializado por la compañía con el nombre de Folidol, era vendido a pequeños agricultores en toda la zona andina peruana, la mayoría de ellos analfabetos y que solamente hablan en idioma quechua. Bayer empaquetaba ese pesticida –un polvo blanco semejante a la leche en polvo y sin olor a químicos- en pequeñas bolsas plásticas, etiquetadas en español y con el dibujo de un vegetal, en tanto las etiquetas no ofrecían ninguna información de seguridad, ni siquiera en pictogramas, que pudieran ser interpretadas por los habitantes de las aldeas.
Un informe del Congreso peruano concluyó en que Bayer debería compensar a las familias afectadas, y éstas iniciaron en octubre de 2001 una acción judicial contra la empresa y su subsidiaria Bayer-Perú, alegando que debieron tomar medidas para prevenir el mal uso de un producto extremadamente tóxico dada la preeminencia de idiomas indígenas en el interior de Perú. Sin embargo, dos días después de iniciada la acción legal el juez de la Corte Superior de Lima desestimó la demanda por “cuestiones de procedimiento” y concluyó sumariamente, e ilegalmente, que los demandantes “no habían planteado de manera adecuada el caso sustancial”. Según las leyes peruanas, en la fase inicial del litigio el juez sólo puede determinar si los documentos de la demanda están completos o no, pero no puede pronunciarse sobre cuestiones legales sustanciales. Otra muestra del poder de una multinacional, en este caso quizás presionando o comprando a un juez.
El caso es que las familias apelaron esa sentencia ilegal y, por lo que se
supo hasta ahora, aguardaban la fijación de una nueva audiencia, mientras
acusan además al ministerio de Agricultura peruano de no hacer aplicar las
normas sobre pesticidas, dado que en ese país es común la venta sin control de
pesticidas de “uso restringido”, como el que causó la muerte de esos 24 niños.
Durante la cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, las familias afectadas escribieron al entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pidiéndole que excluyera a Bayer del Pacto Mundial de la ONU debido a las acciones de esa compañía en Perú. El Pacto Mundial es una asociación entre la ONU y diversas empresas multinacionales que se comprometieron a “respetar el ambiente y los derechos humanos”. La carta a Annan fue firmada, en representación de la aldea de Taucamarca, por Víctor Huarayo Torres, dos de cuyos hijos estaban entre los 24 niños muertos por el envenenamiento con el pesticida de Bayer, y expresa: “Los padres dolientes de mi aldea no podemos entender cómo la ONU puede apoyar a una compañía como Bayer, que continúa vendiendo sus pesticidas más tóxicos, clasificados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como extremadamente peligrosos, muchos años después de haber prometido públicamente retirarlos, en 1995. Tampoco entendemos por qué la ONU respalda a la compañía que permitió la venta de metil-paratión en una región donde sabía que los residentes no podrían leer las instrucciones de la etiqueta”.
Pese a sus famosas aspirinas, Bayer debió soportar algunos otros dolores de cabeza, como en mayo de 2003, cuando un equipo de abogados de California presentó una demanda contra la compañía en nombre de enfermos hemofílicos. La acusación fue que Bayer había vendido en la década de 1980 coagulantes infectados con los virus de la Hepatitis C y el HIV. Por supuesto, Bayer rechazó la acusación explicando que se había atenido a “normas existentes en la época”. Cabe preguntarse si esas “normas” tuvieron que ver con los manejos de la FDA norteamericana, difundidos en ésta y otras notas, para jugar a favor de los intereses de las multinacionales químico-farmacéuticas. Por otra parte, a Bayer le interesaba sobremanera hacer pie en Wall Street llegando a cotizar en la Bolsa de Nueva York, una cima a la que aspiran llegar todas las grandes multinacionales, y para ello debía tener una carta de presentación intachable. Firmada seguramente por una FDA convenientemente “aceitada” y por el hecho de hacer “buena letra” en el mundo con sus productos y evitando juicios y demandas, al menos hasta que lograra aquel objetivo.
Durante la cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se llevó a cabo en Johannesburgo, Sudáfrica, las familias afectadas escribieron al entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, pidiéndole que excluyera a Bayer del Pacto Mundial de la ONU debido a las acciones de esa compañía en Perú. El Pacto Mundial es una asociación entre la ONU y diversas empresas multinacionales que se comprometieron a “respetar el ambiente y los derechos humanos”. La carta a Annan fue firmada, en representación de la aldea de Taucamarca, por Víctor Huarayo Torres, dos de cuyos hijos estaban entre los 24 niños muertos por el envenenamiento con el pesticida de Bayer, y expresa: “Los padres dolientes de mi aldea no podemos entender cómo la ONU puede apoyar a una compañía como Bayer, que continúa vendiendo sus pesticidas más tóxicos, clasificados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) como extremadamente peligrosos, muchos años después de haber prometido públicamente retirarlos, en 1995. Tampoco entendemos por qué la ONU respalda a la compañía que permitió la venta de metil-paratión en una región donde sabía que los residentes no podrían leer las instrucciones de la etiqueta”.
Pese a sus famosas aspirinas, Bayer debió soportar algunos otros dolores de cabeza, como en mayo de 2003, cuando un equipo de abogados de California presentó una demanda contra la compañía en nombre de enfermos hemofílicos. La acusación fue que Bayer había vendido en la década de 1980 coagulantes infectados con los virus de la Hepatitis C y el HIV. Por supuesto, Bayer rechazó la acusación explicando que se había atenido a “normas existentes en la época”. Cabe preguntarse si esas “normas” tuvieron que ver con los manejos de la FDA norteamericana, difundidos en ésta y otras notas, para jugar a favor de los intereses de las multinacionales químico-farmacéuticas. Por otra parte, a Bayer le interesaba sobremanera hacer pie en Wall Street llegando a cotizar en la Bolsa de Nueva York, una cima a la que aspiran llegar todas las grandes multinacionales, y para ello debía tener una carta de presentación intachable. Firmada seguramente por una FDA convenientemente “aceitada” y por el hecho de hacer “buena letra” en el mundo con sus productos y evitando juicios y demandas, al menos hasta que lograra aquel objetivo.
Sin embargo no le fue tan fácil, ya que debió retirar del mercado el
Lipobay (Cerivastatina), un medicamento para combatir el colesterol que no
había sido debidamente comprobado, despues que ocasionara miles de muertes por
infartos y otras dolencias cardíacas. La criminal actuación de Bayer con ese
fármaco obedeció a su necesidad de encontrar un hueco en el mercado de los
medicamentos contra el colesterol, copado por multinacionales norteamericanas.
Necesidad y urgencia que demostraron, una vez más, que los intereses de estos
grandes grupos están muy por encima de la ética y de la salud a la que dicen
servir.
De todas maneras, Bayer no sufrió en este caso los efectos de ninguna demanda en su contra.
De todas maneras, Bayer no sufrió en este caso los efectos de ninguna demanda en su contra.
